FELIPE VI
LUIS GRAÑENA
13 DE JULIO DE 2018
El pasado mes de mayo, la empresa de sondeos IPSOS realizó una encuesta en cuatro monarquías parlamentarias europeas, la británica, la sueca, la belga y la española. España figura como el país en el que la monarquía cuenta con mayor oposición: un 37 por ciento de españoles declara que la abolición de la institución sería buena para España; y un 52 por ciento está a favor de que se realice un referéndum sobre la forma de Estado.
Las revelaciones procedentes de las cloacas del Estado que se han conocido esta semana no contribuyen precisamente a reforzar la legitimidad de una institución bajo sospecha. Sabemos que es incómodo hacerse cargo de cualquier información que provenga del excomisario Villarejo, hoy encarcelado. Pero, por incómodo que resulte, no podemos mirar hacia otro lado, como por lo demás están haciendo muchos medios de comunicación.
La información sobre corrupción suele salir a la superficie como consecuencia de venganzas, envidias y resentimientos que se acumulan entre aquellos que han estado muy cerca o han practicado formas ilícitas de enriquecimiento. En esta ocasión, la fuente es una examante del rey emérito. Las acusaciones son muy graves, y confirman los rumores y sospechas que venían circulando desde hace tiempo. En 2012, The New York Times calculó que la fortuna de Juan Carlos de Borbón se elevaba a 2.300 millones de dólares, casi 1.800 millones de euros.
¿Es desorbitada la cifra revelada? Parece probable, pero es imposible saberlo. Porque, a diferencia de ministros, altos cargos y diputados, el jefe del Estado no está obligado a revelar su patrimonio. Ahora hay indicios de que el anterior rey puede haber estado involucrado en blanqueo de capitales, cobro de comisiones ilegales, ocultación de patrimonio, fraude fiscal y otras conductas relacionadas del mismo tenor. En una democracia que funcione razonablemente bien, todo esto tiene que ser investigado. Aun asumiendo que la monarquía no va a ser tratada con la misma severidad que un ciudadano cualquiera, el Estado no puede pasar por alto acusaciones de tanta gravedad. Y debe investigar también a las empresas que supuestamente pagaron comisiones millonarias a cambio de gestiones y contratos.
La monarquía, como toda institución no electa, goza de una legitimidad precaria. El rey es ante todo símbolo y ejemplo, de ahí que la legitimidad del Jefe de Estado dependa enteramente de que se respeten unos niveles mínimos de decencia pública. Es probable que la opinión pública esté dispuesta a disculpar o incluso a celebrar los amoríos del monarca y sus líos familiares, pero no su enriquecimiento ilícito ni el de sus parientes, saltándose todas las reglas que el resto de ciudadanos hemos de respetar escrupulosamente.
En el entorno de las democracias liberales avanzadas, el dilema entre monarquía y república no es crucial para el progreso económico o para el futuro del Estado de Bienestar. Pero hay otras cuestiones centrales, como la legitimidad democrática, la igualdad ante la justicia, la rendición de cuentas y el modelo territorial que sí dependen de la forma de Estado. En este contexto, resulta insano conformarse con una institución opaca, anacrónica, antidemocrática y hereditaria que además no cumple unas reglas básicas de ejemplaridad y honradez.
Felipe VI había logrado recuperar buena parte del crédito perdido por Juan Carlos I a pesar de haber cometido un error imperdonable en la crisis catalana, al avalar la mano dura y la ausencia de diálogo con los soberanistas. En Cataluña, la monarquía parece dibujarse como parte del problema y no de una solución democrática y federal que cuestione la idea de soberanía heredada del franquismo. Ahora, con este vendaval de revelaciones, el rey se enfrenta de nuevo a una enorme crisis de legitimidad de la institución. A corto plazo puede tener sus recompensas practicar la política del avestruz. A medio plazo, negar el debate sobre Monarquía o República será la mejor receta para que el enfado de la opinión pública siga aumentando y para que se haga irresistible la presión a favor de un referéndum en el que se dirima la forma de Estado.
En CTXT creemos que ese debate y ese referéndum deben ser planteados, con toda serenidad pero sin dilación, por los partidos políticos. Y, si llega el momento de votar en una consulta sobre el modelo de Gobierno, apoyaremos una República federal con una jefatura del Estado democrática, no hereditaria, transparente, sin blindajes ni inmunidad.
13 DE JULIO DE 2018
El pasado mes de mayo, la empresa de sondeos IPSOS realizó una encuesta en cuatro monarquías parlamentarias europeas, la británica, la sueca, la belga y la española. España figura como el país en el que la monarquía cuenta con mayor oposición: un 37 por ciento de españoles declara que la abolición de la institución sería buena para España; y un 52 por ciento está a favor de que se realice un referéndum sobre la forma de Estado.
Las revelaciones procedentes de las cloacas del Estado que se han conocido esta semana no contribuyen precisamente a reforzar la legitimidad de una institución bajo sospecha. Sabemos que es incómodo hacerse cargo de cualquier información que provenga del excomisario Villarejo, hoy encarcelado. Pero, por incómodo que resulte, no podemos mirar hacia otro lado, como por lo demás están haciendo muchos medios de comunicación.
La información sobre corrupción suele salir a la superficie como consecuencia de venganzas, envidias y resentimientos que se acumulan entre aquellos que han estado muy cerca o han practicado formas ilícitas de enriquecimiento. En esta ocasión, la fuente es una examante del rey emérito. Las acusaciones son muy graves, y confirman los rumores y sospechas que venían circulando desde hace tiempo. En 2012, The New York Times calculó que la fortuna de Juan Carlos de Borbón se elevaba a 2.300 millones de dólares, casi 1.800 millones de euros.
¿Es desorbitada la cifra revelada? Parece probable, pero es imposible saberlo. Porque, a diferencia de ministros, altos cargos y diputados, el jefe del Estado no está obligado a revelar su patrimonio. Ahora hay indicios de que el anterior rey puede haber estado involucrado en blanqueo de capitales, cobro de comisiones ilegales, ocultación de patrimonio, fraude fiscal y otras conductas relacionadas del mismo tenor. En una democracia que funcione razonablemente bien, todo esto tiene que ser investigado. Aun asumiendo que la monarquía no va a ser tratada con la misma severidad que un ciudadano cualquiera, el Estado no puede pasar por alto acusaciones de tanta gravedad. Y debe investigar también a las empresas que supuestamente pagaron comisiones millonarias a cambio de gestiones y contratos.
La monarquía, como toda institución no electa, goza de una legitimidad precaria. El rey es ante todo símbolo y ejemplo, de ahí que la legitimidad del Jefe de Estado dependa enteramente de que se respeten unos niveles mínimos de decencia pública. Es probable que la opinión pública esté dispuesta a disculpar o incluso a celebrar los amoríos del monarca y sus líos familiares, pero no su enriquecimiento ilícito ni el de sus parientes, saltándose todas las reglas que el resto de ciudadanos hemos de respetar escrupulosamente.
En el entorno de las democracias liberales avanzadas, el dilema entre monarquía y república no es crucial para el progreso económico o para el futuro del Estado de Bienestar. Pero hay otras cuestiones centrales, como la legitimidad democrática, la igualdad ante la justicia, la rendición de cuentas y el modelo territorial que sí dependen de la forma de Estado. En este contexto, resulta insano conformarse con una institución opaca, anacrónica, antidemocrática y hereditaria que además no cumple unas reglas básicas de ejemplaridad y honradez.
Felipe VI había logrado recuperar buena parte del crédito perdido por Juan Carlos I a pesar de haber cometido un error imperdonable en la crisis catalana, al avalar la mano dura y la ausencia de diálogo con los soberanistas. En Cataluña, la monarquía parece dibujarse como parte del problema y no de una solución democrática y federal que cuestione la idea de soberanía heredada del franquismo. Ahora, con este vendaval de revelaciones, el rey se enfrenta de nuevo a una enorme crisis de legitimidad de la institución. A corto plazo puede tener sus recompensas practicar la política del avestruz. A medio plazo, negar el debate sobre Monarquía o República será la mejor receta para que el enfado de la opinión pública siga aumentando y para que se haga irresistible la presión a favor de un referéndum en el que se dirima la forma de Estado.
En CTXT creemos que ese debate y ese referéndum deben ser planteados, con toda serenidad pero sin dilación, por los partidos políticos. Y, si llega el momento de votar en una consulta sobre el modelo de Gobierno, apoyaremos una República federal con una jefatura del Estado democrática, no hereditaria, transparente, sin blindajes ni inmunidad.
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