Foto: Pedro Taracena Gil
Las relaciones del Reino de España y la Santa Sede se rigen por "los acuerdos", que no "concordato", legal y jurídicamente pre constitucionales. Son continuidad del nacionalcatolicismo impuesto por la dictadura como botín de guerra por haber contribuido decisivamente en el Alzamiento Nacional y en la Santa Cruzada. La Iglesia está manchada de sangre por haber colaborado en la contienda fratricida y en el genocidio franquista. La Iglesia en la actualidad impone al Gobierno y éste soporta, acepta y financia, su influencia en la enseñanza y en la intromisión de los obispos españoles en la democracia constitucional y laica. Es insostenible que el Gobierno mantenga este status perverso con quien ha hecho tanto mal a nuestro pueblo. España es una democracia aconfesional y la Iglesia debe quedar recluida en lo privado. En el púlpito y en el confesionario, donde es maestra en manipulación de conciencias. Dos ejemplos de la contaminación religiosa de los nostálgicos jueces, con reminiscencia de cuando el Derecho Canónico, era ley civil en la católica España.
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